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Según lo expuesto en el artículo La gestión privada de los hospitales públicos en España: eficiencia y acceso universal (Canas, 2025), la gestión privada de hospitales de titularidad pública solo puede considerarse aceptable desde una perspectiva sanitaria, jurídica y ética cuando se encuentra claramente subordinada a los principios estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS): universalidad, equidad, calidad asistencial, seguridad del paciente, transparencia y rendición de cuentas. El caso del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, constituye un ejemplo especialmente ilustrativo de cómo la ausencia de estos requisitos puede derivar en desviaciones graves del interés público, confirmando empíricamente las advertencias formuladas en dicho trabajo.

Restricción del acceso y quiebra del principio de universalidad

La filtración de audios en los que se sugiere explícitamente la orden de “no dar más citas” o “rechazar pacientes” con el objetivo de mejorar las cifras de gasto representa una vulneración directa del principio de acceso universal, núcleo normativo y ético del SNS. Tal y como se argumenta en el artículo de Canas (2025), la eficiencia sanitaria no puede reducirse a una lógica contable, ni puede lograrse mediante la limitación deliberada de la atención sanitaria a la población asignada.

Desde una perspectiva ética, estas prácticas resultan particularmente graves porque:

• Transforman al paciente en una variable de ajuste presupuestario.
• Subordinan el criterio clínico a objetivos económicos.
• Introducen mecanismos implícitos de selección de la demanda en un hospital público.

Este tipo de actuaciones no solo contradicen el espíritu del SNS, sino que suponen una mercantilización encubierta del derecho a la salud, uno de los principales riesgos identificados por Canas (2025) en los modelos de gestión privada de hospitales públicos cuando no existen controles efectivos.

Déficit de gobernanza, opacidad y cultura organizativa deficiente

La respuesta institucional ante las denuncias internas —incluida la dimisión o despido de directivos que alertaron sobre estas prácticas— pone de manifiesto un fallo estructural de gobernanza y una cultura organizativa incompatible con los estándares de la buena gestión sanitaria. En lugar de activar mecanismos de evaluación independiente, auditoría y corrección, la organización parece haber optado por neutralizar la disidencia interna, priorizando la estabilidad de la gestión y los resultados económicos.

Tal como se señala en el artículo de referencia, uno de los riesgos más relevantes de la colaboración público-privada es la asimetría de poder informativo entre la entidad gestora y la administración sanitaria. En el caso de Torrejón, esta asimetría se traduce en:

• Falta de transparencia en la toma de decisiones.
• Insuficiente protección de los denunciantes.
• Debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas.

Desde una perspectiva ética, esta dinámica erosiona la integridad institucional del hospital y genera un entorno en el que alertar sobre prácticas contrarias al interés público se convierte en una conducta sancionable, lo que resulta especialmente grave en un centro financiado con fondos públicos.

Gestión de recursos humanos y riesgos para la seguridad del paciente

Las quejas del personal sanitario, particularmente de las matronas sobre ratios asistenciales inseguras en los paritorios, evidencian una gestión de los recursos humanos orientada prioritariamente a la contención del gasto. Como subraya Canas (2025), la reducción de personal o el mantenimiento de dotaciones insuficientes constituye una forma de falsa eficiencia, ya que los costes aparentemente ahorrados se trasladan al incremento del riesgo clínico, al deterioro de la calidad asistencial y al desgaste profesional.

Desde el punto de vista ético y de seguridad del paciente:

• Mantener ratios por debajo de los estándares recomendados vulnera el principio de no maleficencia.
• Coloca a los profesionales en situaciones de conflicto moral permanente.
• Incrementa la probabilidad de eventos adversos evitables.

Un hospital público, con independencia de su forma de gestión, no puede justificar escenarios de riesgo asistencial como instrumento de control presupuestario, sin comprometer gravemente su legitimidad.

Externalización deficiente de servicios esenciales

Los problemas recurrentes en servicios externalizados clave, como limpieza o esterilización, con contratos desiertos o inestables, refuerzan la crítica desarrollada en el artículo sobre la fragmentación excesiva de la gestión hospitalaria. La externalización orientada exclusivamente al abaratamiento, sin garantías suficientes de calidad y continuidad, supone una infravaloración de servicios esenciales para la seguridad clínica.

Tal como advierte Canas (2025), este tipo de estrategias:

• Dificultan la coordinación asistencial.
• Generan riesgos indirectos para los pacientes.
• Reflejan una visión cortoplacista de la eficiencia.

Desde una perspectiva ética, delegar la gestión de servicios críticos sin asegurar estándares adecuados constituye un incumplimiento del deber de diligencia exigible a cualquier entidad responsable de un hospital público.

Defensa política del modelo y negación del problema

La defensa pública del hospital y del modelo de gestión por parte de la Comunidad de Madrid, calificando la gestión como “impecable” y atribuyendo la polémica a un intento de desacreditar la colaboración público-privada, agrava aún más la situación desde el punto de vista ético. Como se señala en el artículo de referencia, confundir la evaluación técnica de un modelo con su defensa ideológica bloquea cualquier posibilidad de aprendizaje institucional y mejora del sistema.

Negar o minimizar hechos de esta gravedad:

• Debilita la confianza ciudadana en el SNS.
• Normaliza desviaciones éticas.
• Refuerza la percepción de impunidad en la gestión sanitaria.

Una administración sanitaria responsable debería haber priorizado una evaluación independiente, transparente y exhaustiva, incluso a costa de cuestionar el propio modelo de gestión adoptado.

Conclusión

A la luz del marco analítico desarrollado en La gestión privada de los hospitales públicos en España: eficiencia y acceso universal (Canas, 2025), el caso del Hospital Universitario de Torrejón constituye un ejemplo claro de mala gestión sanitaria y de quiebra ética del modelo aplicado. No se trata de errores puntuales, sino de una desviación estructural en la que la lógica económica ha prevalecido sobre el derecho a la salud, la seguridad del paciente y la ética profesional.

Este caso confirma que la gestión privada de hospitales públicos, cuando no está férreamente controlada y subordinada al interés general, pierde no solo legitimidad técnica, sino también legitimidad moral, comprometiendo uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar.

Referencias

Canas, S. (2025). La gestión privada de los hospitales públicos en España: eficiencia y acceso universal. WordPress.

El País. (2024). Las matronas del Hospital Universitario de Torrejón alertan de ratios inseguras en los paritorios.

elDiario.es. (2024). Audios internos revelan presiones para limitar la atención sanitaria en el Hospital de Torrejón.

La Vanguardia. (2024). Destitución de directivos tras denunciar prácticas irregulares en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón.

RTVE.es. (2024). La Comunidad de Madrid defiende la gestión del Hospital de Torrejón tras las investigaciones abiertas.